Un nuevo capítulo se escribe en el caso de la Gobernación del Atlántico contra la empresa Bavaria.

Esta vez, el Tribunal Administrativo del Atlántico ratificó el fallo favorable a la Administración Departamental que obliga a la compañía a pagarle $90.000 millones (deuda con intereses) por no declarar el pago de la estampilla Cari en 2009

Los magistrados Óscar Wilches Donado y Ángel Hernández Cano también resolvieron que se notifique al procurador judicial ante ese tribunal y archivar el expediente una vez esté ejecutoriada la sentencia.

El secretario jurídico de la Gobernación, Rachid Náder Orfale, manifestó que el fallo lo que explica es que el acto administrativo mediante el cual fue sancionada la empresa, por el no pago de los tributos, creó una situación jurídica que está consolidada, por ende, el recurso que interpusieron no tiene vocacion de prosperar y deben pagarle al Departamento.

“Estamos en la penúltima etapa de este macro proceso. Ellos pueden apelar esta decisión ante el Consejo de Estado, situación que puede resolverse en más o menos 6 meses ó 1 año. Lo otro que puede pasar es que acaten este fallo y paguen. Estamos a la espera de la decisión que se tome por parte de Bavaria", dijo Náder.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, explicó que la sanción a cargo de Bavaria es una renta de libre destinación que podría invertirse en adecuación de hospitales, escuelas, parques entre otras obras para el beneficio para la población atlanticense.

“Nos queda esperar que el Consejo de Estado ratifique esta decisión que está basada en un derecho adquirido”, manifestó el mandatario.

Inicio del litigio

Este proceso inició el 19 de septiembre de 2011 cuando la Gobernación del Atlántico sancionó a Bavaria por la no declaración al pago de la estampilla Cari en el año 2009.

A raíz de esto, Bavaria presentó una demanda contra la resolución que la sancionaba, pero la acción fue interpuesta de manera extemporánea por lo tanto se declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que había presentado la compañía por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, decisión que fue ratificada el 11 de junio de 2014 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Bavaria, posteriormente, interpuso acciones de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico por presuntos derechos vulnerados como al debido proceso.

El 12 de febrero de 2015 la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió amparar el derecho de acceso a la administración de justicia, tutela judicial e igualdad, y dejar sin efectos los autos del 4 septiembre de 2013 y 11 junio de 2014 proferidos por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Sección Cuarta del Consejo de Estado Respectivamente y ordenó continuar la audiencia.

Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado desató la tutela mediante providencia del 8 de octubre de 2015 que revocó la sentencia proferida por la Sección Quinta y negó la solicitud de amparo. Esta decisión fue ratificada por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-498/16.

A raíz de este fallo, el 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la terminación del proceso de nulidad, decisión que fue notificada el 20 enero de 2016 y ejecutoriada el 26 de enero de ese mismo año.

Una vez se tuvo la constancia de ejecutoria del fallo del Tribunal, la resolución sanción quedó en firme y la Gobernación del Atlántico libró un mandamiento de pago el 28 de abril de 2016 por $66.000 millones contra Bavaria. También se resolvieron excepciones contra el mandamiento de pago el 6 de septiembre de 2016

Frente a esta medida, en enero de 2017 la compañía presentó una caución por $84.000 millones que sirve de garantía para el pago de la deuda, acreencia que en esa fecha estaba en $66.000 millones. Esta figura jurídica evitaba que la Administración Departamental embargue las cuentas de la compañía.

Esta caución funciona como una póliza mediante la cual una aseguradora garantiza que Bavaria tiene los recursos disponibles para pagar la acreencia una vez se resuelvan las acciones judiciales y administrativas pertinentes.

Ante esta situación se presentaban dos escenarios: que Bavaria pagara, o que la compañía demandara el auto que fue lo que a la postre sucedió y nuevamente fue favorable para la Gobernación